Una persona o entidad que cometa fraude contra el gobierno federal puede ser responsable de una triple indemnización por daños y perjuicios, así como de diversas multas civiles por cada cargo de fraude. Así, si una empresa factura 100.000 dólares de más al programa Medicaid, es posible que tenga que devolver 300.000 dólares en concepto de daños y perjuicios, además de multas menores.