¿Qué es la inmunidad cualificada para las fuerzas de seguridad?
La inmunidad cualificada es una doctrina que protege a los agentes de policía y a otros funcionarios públicos de ser demandados por daños y perjuicios por violación de derechos constitucionales. Esta doctrina no proporciona inmunidad si los agentes violaron una ley "claramente establecida", que es un derecho estatutario o constitucional definido.
Tras incidentes de presunta brutalidad o mala conducta policial, muchas víctimas se preguntan: "¿Puedo demandar a un agente de policía?". La respuesta puede ser complicada. La realidad es que superar la norma establecida en virtud de la inmunidad cualificada para demandar a un agente de policía o funcionario del gobierno puede ser extremadamente difícil.
En esta entrada del blog, veremos los fundamentos jurídicos de la inmunidad cualificada y examinaremos qué se puede hacer para superarla en los casos en que las víctimas de presunta brutalidad policial y otras violaciones de los derechos constitucionales quieran demandar a agentes de policía u otros funcionarios públicos por daños y perjuicios monetarios.
¿Qué es la inmunidad cualificada?
La inmunidad cualificada es exactamente eso: inmunidad con condiciones. Proporciona inmunidad y protección frente a la responsabilidad legal a menos que el agente infrinja a sabiendas la ley con sus acciones. Esta doctrina jurídica se vio reforzada en un caso del Tribunal Supremo de 1982, Harlow contra Fitzgerald. En su decisión, el Tribunal Supremo sostuvo que "los funcionarios del gobierno que desempeñan sus funciones discrecionales generalmente están protegidos de la responsabilidad por daños civiles en la medida en que su conducta no viole derechos estatutarios o constitucionales claramente establecidos de los que una persona razonable habría tenido conocimiento."
Otros dos casos del Tribunal Supremo establecieron los procedimientos necesarios para determinar si se aplica la inmunidad cualificada: Saucier contra Katz en 2001 y Pearson contra Callahan en 2009.
Saucier contra Katz (2001)
En este caso, el Tribunal Supremo estableció una prueba de dos pasos para determinar la Inmunidad Cualificada:
- El tribunal debe determinar si los hechos alegados por el demandante constituyen una violación de un derecho constitucional.
- El tribunal debe decidir si el derecho constitucional estaba "claramente establecido" en el momento de la presunta violación por parte del agente de policía o funcionario público.
El Tribunal determinó que los pasos deben considerarse en este orden secuencial y que la Inmunidad Cualificada estaba en vigor a menos que la conducta violara AMBAS pruebas.
Sin embargo, el Tribunal ampliaría la decisión de Saucier contra Katz sólo ocho años más tarde, en un caso distinto, Pearson contra Callahan.
Pearson contra Callahan (2009)
En este caso, el Tribunal Supremo dictaminó que la secuencia de pasos establecida en Saucier contra Katz ya no era obligatoria en todos los casos. El Tribunal dictaminó que otros tribunales pueden hacer uso de su discrecionalidad a la hora de determinar cuál de las pruebas debe abordarse en primer lugar para determinar con mayor claridad o facilidad si se concede o no la Inmunidad Cualificada.
Inmunidad Cualificada y Derecho "Claramente Establecido
El mayor reto jurídico a la hora de demandar a agentes de policía o funcionarios del gobierno por supuestas violaciones de derechos constitucionales es la prueba establecida en el caso Harlow contra Fitzgerald, a saber, que los derechos legales o constitucionales que supuestamente han violado los funcionarios de la ley estén "claramente establecidos".
¿Qué significa esto exactamente?
Según la sentencia del Tribunal Supremo en el asunto Harlow contra Fitzgerald, para poder ser demandado por daños y perjuicios económicos, no sólo es necesario que el comportamiento de un agente de policía o funcionario público infrinja la ley, sino que el demandante debe demostrar también que existe un precedente judicial claro que dice que ese comportamiento infringe la ley.
Se trata de un reto importante para quienes deseen demandar a un agente de policía o funcionario público por una presunta violación de derechos constitucionales u otro tipo de conducta indebida.
Algunos tribunales han llevado al extremo la norma establecida en Harlow v. Fitzgerald.
Por ejemplo, en 2018 el Tribunal del6º Circuito dictaminó que la Inmunidad Cualificada era adecuada cuando un agente soltó un perro sobre un sospechoso que estaba sentado en el suelo con las manos en alto. El6º Circuito tomó esta decisión a pesar de que el mismo tribunal había dictaminado previamente en 2012 que la Cuarta Enmienda había sido claramente violada cuando otro agente soltó un perro contra un sospechoso que no huía ni se resistía y que se había rendido tumbándose en el suelo.
Entonces, ¿cómo justificó el Tribunal su decisión de conceder la Inmunidad Cualificada en el caso de 2018?
Debido a que en este caso el sospechoso estaba sentado, y no tendido en el suelo, en el caso de 2018 el6º Circuito dictaminó que no había violación de la ley "claramente establecida".
Así que, en conclusión, superar la inmunidad cualificada al interponer una demanda civil contra un agente de policía o funcionario del gobierno es muy difícil, sobre todo debido a la carga de demostrar que el comportamiento alegado viola la ley "claramente establecida". Parece que los tribunales toman esta decisión caso por caso.
Sin embargo, no es imposible demandar a un agente de policía o a un funcionario del gobierno por una presunta violación de la Constitución u otro tipo de conducta indebida. Un abogado con experiencia en brutalidad policial y mala conducta puede ayudarle a evaluar su reclamación y asesorarle sobre sus opciones legales para buscar justicia.
¿Cuál es el futuro de la inmunidad cualificada?
A pesar de sus decisiones anteriores estableciendo la doctrina de la Inmunidad Cualificada, el Tribunal Supremo podría considerar la doctrina de nuevo en el futuro.
Sin embargo, en junio de 2020, el Tribunal Supremo se negó a examinar varios casos relativos a la inmunidad cualificada, por lo que el futuro de la acción judicial en la materia es incierto.
Sin embargo, tras el asesinato de George Floyd a manos de un agente de policía de Minneapolis en 2020, crece la presión sobre el Congreso para que actúe y reexamine la Inmunidad Cualificada a través de la legislación.
Muchos congresistas de alto perfil, entre ellos Justin Amash (L-MI) y Ayanna Pressley (D-MA), han patrocinado legislación que facilitaría demandar a agentes de policía y otros funcionarios del gobierno por presuntas violaciones constitucionales y mala conducta. El senador Cory Booker (D-NJ) y otros senadores también han patrocinado leyes similares.
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Si usted es víctima de presunta brutalidad policial, fuerza excesiva o mala conducta, merece justicia y puede tener derecho a una indemnización. Un abogado con experiencia en brutalidad policial puede ayudarle a evaluar su reclamación y asesorarle sobre sus opciones legales, incluida la forma de superar la inmunidad cualificada.
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